Alvaro Campana Ocampo
Dedicado a los presos de conciencia, a los dirigentes populares perseguidos y a los que a pesar de todo, a los campesinos indígenas asesinados por el gobierno aprista, y a quienes siguen ejercitando el pensamiento crítico en el Perú.
Este artículo busca plantear que el Perú está tomando un rumbo peligroso, fascistoide, totalitario. Haciendo uso de ese “buen negocio” –como afirma Sinesio López en un reciente artículo- que ha implicado revivir el terrorismo para recuperar su legitimidad pérdida, el gobierno de Alan García y los grupos dominantes a los que responde, vienen implementando mecanismos y acciones destinadas a mantener sus privilegios aún a costa de los más elementales derechos y del ya de por sí restringido régimen democrático liberal. La idea de este texto es ir más allá de los argumentos de algunos intelectuales y políticos bienpensantes, y la forma en que expresan el sentido común que hemos heredado de las décadas de guerra interna y la imposición de la dictadura fujimorista.
Obviamente, no vamos a caer en la suposición de que estos argumentos son producto de un velo ideológico; más bien es resultado de la instalación de un discurso cínico, que admite que se están produciendo una serie de atentados contra la justicia y los derechos de muchos peruanos –situación reprobable por principio- pero que se aceptan, porque “las cosas en este mundo funcionan así”. Un sentido común que se alimenta del individualismo, el miedo y la deshumanización en la que hoy nos encontramos sumergidos, como resultado de la imposición totalitaria del discurso y la materialización del neoliberalismo a través del militarismo y la ideología “antiterrorista” a nivel global, pero que tiene sus anclajes en el pasado reciente de la historia peruana.
A partir de los atentados del 11 de septiembre en EEUU, el neoliberalismo entró a ser implementado fundamentalmente desde estrategias guerreristas. Para esto, se ha construido el discurso del “terrorismo”, cuyo propósito es buscar disciplinar preventivamente –de ahí los ataques preventivos- a toda voz cuestionadora, arrasando con los derechos mínimos que hacen la base aunque sea de una “democracia de baja intensidad”. En este sentido, cualquier voz discordante con los intereses del statu quo, puede ser tipificada de o potencialmente “terrorista”. Es un discurso en el que la sociedad entera se vuelve sospechosa, y en el que los derechos pueden ser suspendidos en un “estado de excepción” que se hace cada vez más permanente y empieza a ser expresado en términos jurídicos. Esto implica la desaparición del “Estado de derecho” que garantiza los derechos civiles y políticos mínimos.
Bajo la lógica del discurso del terrorismo, el “terrorista” pierde su carácter de “ser humano” y por tanto su “derecho a tener derechos”, como pasó con los judíos en la segunda guerra mundial, y como hoy pasa en Guantánamo. Al ser expulsado de la comunidad política, puede estar expuesto a cualquier vejación e incluso ser desechado. El castigo hacia él, funciona como mecanismo ejemplarizador buscando que nadie se atreva a contradecir al poder, e introyectar este perverso discurso en la sociedad siempre sospechosa, que decide ceder su poder y su soberanía a quienes se vuelven sus defensores y protectores, un caudillo o la clase política que define lo que es conveniente para ella.
Hannah Arendt –filósofa judío-alemana, emigrante que asumió orgullosa su ciudadana norteamericana- considera que esto se llama “totalitarismo”. Y éste, como tal, es resultado de la expansión global del capitalismo, que busca su ampliación permanente y que tiene una su otra faz en el poder imperialista, que también se expande y rompe todos los límites, por ejemplo el orden internacional y el estado de derecho interno, con el propósito de continuar, reproducir y ampliar las ganancias y el poder. A la vez, el totalitarismo se destruye a sí mismo, porque bajo esta lógica empieza a convertirse en enemigo de su propio pueblo y la discrecionalidad que tiene cada vez más una minoría para tomar decisiones hace que pierda legitimidad. Mezclándose con discursos racistas que son su dimensión ideológica, el totalitarismo se da en situaciones históricas particulares.
Hoy parece que esas condiciones y el propio totalitarismo se viene materializando a nivel mundial en nombre de la “defensa de la cultura occidental”, de la “libertad” y la “democracia”. El afán militarista del imperialismo norteamericano se exacerba ante la necesidad de garantizar las ganancias de las trasnacionales y controlar los recursos estratégicos cueste lo que cueste: eliminación de personas, guerras y catástrofes climáticas son expresiones de un afán de “hegemonía total” sobre el conjunto de la vida. Y sin duda, la ideología que lo soporta y legitima es el discurso del terrorismo al que hemos aludido y que puede ser comparable al racismo que tenía el discurso nazi-fascista. El terrorista es ese no-humano al que se puede liquidar y del que la sociedad se debe proteger porque puede estarse incubando en ella misma.
Este fenómeno se expresa en lo que viene sucediendo en este momento en el país. Como dice Sinesio López, el país está transitando hacia el totalitarismo. Los privilegiados, “los que parten el jamón”, son una minoría que concentra cada vez más poder político y económico, y están al servicio del capital trasnacionalizado. Al sentir cuestionados sus privilegios y sus ganancias, se “vacunan en salud” y recurren a la implementación de dispositivos de disciplinamiento y normalización. Para hacerlo, tienen su “filósofo rey” (Alan García), “un devaluado caudillo autoritario” -como dice López- que dice a la sociedad lo que es conveniente para ella. Los que no están de acuerdo son “perros del hortelano”, “terroristas” a los que hay que “meter bala” si es necesario.
Podemos hacer todo un catálogo de los dispositivos a los que hemos aludido: legislación que criminaliza la “protesta social”, es decir la hace equiparable a un crimen; la permisividad en el uso de armas por parte de las “fuerzas del orden” para reprimir las protestas, que ya ha provocado varias muertes, todos campesinos indígenas, para variar; la participación de las fuerzas armadas en el control del orden interno, en los casos en que el presidente o los ministros de defensa y el interior lo consideren; la persecución por terrorismo a dirigentes populares relacionados con las movilizaciones, consultas populares, etc.
Por otra parte, los medios masivos de comunicación –que funcionan como los aparatos de propaganda y de reproducción ideológica fundamental, controlados por los propios grupos de poder- consolidan el discurso totalitario. Al satanizar expresiones políticas no compartidas por los grupos de poder, haciendo eco de la necesidad de condenar el “contrabando ideológico”; vinculando forzadamente a los movimientos sociales locales con el “chavismo” –que es la expresión del nuevo eje del mal- o las FARC, y resucitando al MRTA. Como dice Sinesio López, el mejor negocio para las imposiciones autoritarias, es resucitar el terrorismo, que se hace extensivo a todo opositor.
Este discurso, tiene un anclaje local. Efectivamente, en la década de los ochenta y noventa, los actores del conflicto interno hicieron uso del terrorismo como política y como método. Los coches bombas, la esclavización de los ashaninkas, el asesinato de comunidades a machetazos a manos de las huestes de Sendero Luminoso por orden de Abimael Guzmán, el asesinato de dirigentes de izquierda, implicaban una política de terrorismo para forzar la idea de que había un “equilibrio estratégico” en la guerra con el Estado, mostrando un absoluto desprecio por la vida. El MRTA de acciones de guerra contra las Fuerzas Armadas, terminó secuestrando civiles y resolviendo las diferencias internas con asesinatos. Las Fuerzas Armadas, por su parte, implementaron la política de terrorismo de Estado: con la lógica de tierra arrasada, de “acabar con el agua –es decir aplicar el asesinato masivo por si había algún terrorista- para que el pez muera”. Las torturas y masacres de niños, ancianos, mujeres y hombres que se descubren en las fosas comunes y en los cuarteles fueron parte del uso sistemático del terrorismo como política de Estado, convirtiéndolo en una maquinaria al servicio de los grupos dominantes, destruyendo su propia legalidad y legitimidad.
Fue una guerra en la que la sociedad estaba en medio. Especialmente miles de campesinos indígenas que estaban invisibilizados fueron asesinados, principalmente por acción del senderismo y de las Fuerzas Armadas. Expresión de toda una “tradición autoritaria” en el Perú, la guerra interna terminó en la aplicación de estrategias terroristas contra la sociedad en su conjunto, y estos usos por parte de los vencedores en este caso, no han terminado de ser esgrimidos para imponer un proyecto que no podía tener sino una forma dictatorial, como la que expresó el fujimorismo, y a la que hoy transita el alanismo.
El tema del terrorismo por supuesto es un tema sensible para el Perú, y García y la derecha con la que gobierna, lo invoca para sus propósitos. El miedo, producto del “schock” no sólo de la violencia subversiva, sino del terrorismo de Estado, la crisis económica que atravesó el Perú en los ochentas dejaron a las fuerzas democráticas exhaustas y exacerbaron la “tradición autoritaria” que expresaba sobre todo el senderismo, quienes se hicieron cargo del Estado hasta desembocar en una dictadura como la de Fujimori, y el MRTA al optar por una estrategia militarista. Alan García es la resaca de esa impronta autoritaria en el Perú. ¿O es que la matanza de los penales, -de los muchos presuntos subversivos que el dijo admirar por su “mística”- de la cual él es autor intelectual y responsable político, y cuyo ejecutor es su actual vicepresidente el Almirante Giampietri que fue parte del Fujimorismo, no expresan un “continuum” con sus actuales políticas represivas y el autoritarismo del que hoy hace gala?
El tema de los ciudadanos peruanos que fueron detenidos en la frontera con el Ecuador después de participar en el Congreso de la coordinadora Continental Bolivariana, y que hoy, ya fuera del Estado de derecho y en “estado de excepción” siguen en prisión sin pruebas concretas, nos plantean una cuestión de principios e incluso de defensa de nuestra “democracia de baja intensidad”. A estas alturas, los “siete de Tumbes” se han convertido en el “chivo expiatorio” como lo fueron los judíos para el Reicht, los terroristas peligrosos a los que hay que privar de derechos para demostrar que necesitamos ser cuidados de ellos.
La persecución contra los dirigentes que promovieron una consulta para definir si admitían las operaciones de una empresa minera en la sierra de Piura que han sido acusados de terrorismo, así como el proceso judicial abierto contra más de trescientos campesinos de las comunidades involucradas son una verdadera aberración. Lo es también que el Presidente de la República inste a las Fuerzas del Orden a usar sus armas de reglamento contra el bloqueo de una carretera por parte de un sector de los mineros del centro del Perú, aduciendo que están protegidos por la ley cuando intervienen contra “criminales”.
Esta lógica totalitaria, es a nuestro entender, resultado del carácter intensivo de la expansión capitalista que procede a la “colonización del conjunto de la vida”, en función de las trasnancionales y de la neo-oligarquía criolla, que buscan privatizar todo y hacerlo todo negocio: nos expropian el agua, destruyen las tierras de cultivo, quieren lotizar la selva, condenan a las grandes mayorías a la exclusión, pretenden desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras y -de hecho ya lo hacen-, desarrollan una política antinacional que concentra el poder político y económico en sus pocas y privilegiadas manos, alejando de las decisiones y del bienestar a las grandes mayorías. Entre tanto los abismos sociales se profundizan, los grupos de poder hablan de bonanza económica y desarrollo, y obviamente saben que eso tendrán que mantenerlo “a patadas”, como le gusta a García, a “sangre y fuego”.
Esta realidad viene presentando fuertes resistencias. Los crecientes conflictos sociales que vive el país, por supuesto, no son hechura de confabulaciones y triangulaciones extrañas entre las FARC, el chavismo y el fantasma del MRTA, que son alucinaciones del gobierno para preparar el terreno y hacer del Perú un centro de operaciones militares de los estadounidenses; son resultado de la crisis de legitimidad que atraviesa el actual orden político, económico y cultural, ante la cual el poder recurre a lo que algunos autores han denominado el “neoliberalismo armado”.
Si alguna lección podemos haber aprendido es que la guerra no es la continuidad de la política por otros medios, es su antítesis. “El capitalismo del desastre” del que habla Naomi Klein, y este afán de “hegemonía total” a través de la militarización total de la sociedad del que nos habla Ana Esther Ceceña, son absolutamente antidemocráticos y además, como hemos visto, totalitarios. En este sentido, si algo podemos hacer en este momento, es justamente politizar la discusión, es decir develar los antagonismos sociales y culturales en el sentido más amplio, discutir las relaciones de poder que están subyacentes en este tipo opresivo de sociedad en el que vivimos, generar espacios de discusión y acción política sobre los problemas de la sociedad para las grandes mayorías, que es lo que se pretende hacer en la Cumbre Social de los Pueblos, tan satanizada por los tecnócratas neoliberales que hoy están en el Estado. En esta tarea los intelectuales críticos tienen una importante tarea.
Lo mismo debemos hacer con el tema de la violencia política que vivimos y -por lo visto- seguimos padeciendo. Es decir, abordarlo como un asunto político. No reducirlo a un problema de “buenos” y “malos”, como en los dibujos animados o las historietas, sino comprender los fenómenos que estuvieron detrás de esto –y que no parecen haberse resuelto- e intentar a partir de esto avanzar hacia la conformación de una democracia más sustantiva, donde la justicia social, económica y cultural sean el piso sobre el que construya la dignidad y la autodeterminación de las grandes mayorías. Es la polarización socio económica, la exclusión que en nuestro país que ha tenido un componente fuertemente étnico, los que han provocado las salidas violentas y autoritarias desde los “insurgentes” y desde el Estado, hasta las formas de fascismo social que hoy observamos en la existencia de “playas exclusivas” y racistas como las de Asia, o los cercos que las “clases medias” y altas construyen contra los “bárbaros” plebeyos que amenazan su seguridad y militarizando la propia cotidianidad.
No se puede construir una democracia sustantiva, cuando los ciudadanos se han convertido en menores de edad que requieren de la tutela de la clase política y de los “ricos y modernos” que saben lo que es bueno para las mayorías; o en el que se han cosificado, convirtiéndose en individuos aislados, instrumentos de la reproducción capitalista y del poder, asustados y temerosos de perder lo poco que han obtenido frente al amo y que se vuelven contra los que tienen su misma condición o simplemente los ignoran. Y es en este sentido que tenemos una gran responsabilidad, de la que no podemos zafarnos pues de todas formas seremos responsables del tipo de sociedad que se perfila hacia el futuro. Es necesario abrir causes a la política, a la intervención de las mayorías diversas para re-fundar el país, establecer una paz que no sea la de los cementerios y conformar un sistema político que es expresión de la democratización radical de las relaciones sociales en todas sus formas: desde lo cotidiano, lo cultural, lo económico, con la naturaleza y en la autoridad.
Puede que esto a algunos les suene a poesía y utopía, prefiriendo a ellas su desencanto, su miedo o su cinismo. Sin embargo, creo que no tenemos otra opción para evitar la violencia, la cosificación y el totalitarismo que hoy se ciernen sobre el país a través de sus operadores criollos.
Finalmente, permítasenos citar al propio García aludiendo unas ideas escritas en su libro El Nuevo Totalitarismo, escrito después de su catastrófico primer gobierno y antes de su fervorosa conversión al “neoliberalismo armado” al asumir su segundo gobierno y que suenan a profecía auto-cumplida:
"En diciembre de 1991 publiqué un breve libro advirtiendo los peligros de la ola ideológica que proclamaba con fervor ideológico la supremacía del mercado. Lo titulé El Nuevo Totalitarismo e intenté señalar en él, los límites del nuevo modelo económico y social que entonces comenzaba a ponerse en práctica. Advertí en sus páginas que su fanatismo llevaría, en algunos países como el Perú, a la destrucción de la democracia (Pág. 70), como después ocurrió" (51). Y es que "meta final o tesis absoluta son enemigas de la libertad, porque son el fin que justifica los medios, tanto para el comunismo científico como para el neoliberalismo que proclamando el 'fin de la historia' sacrifica la libertad y la tolerancia para imponer el dominio del libre mercado" (85). "Y en el Perú, al igual que en el mundo se creó la 'Moral del Mercado' como fundamento ético de todas las acciones. Así se pretendió legitimar la injusticia" (97s.).
Modernidad y política en el siglo XXI. Globalización y justicia social. Alan García.
