Actualmente en el Perú se vive una situación de constante vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y ciudadanas. La criminalización de la protesta social, las restricciones a la libertad de organización política y la constante persecución de quienes hacen política opositora al gobierno aprista son una clara muestra de ello.
El viernes 29 de febrero, siete ciudadanos procedentes de Quito luego de participar de la II reunión Internacional de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) fueron detenidos en Tumbes. Los jefes policiales y personalidades del gobierno se han apresurado en presentar estos hechos como una importante captura de delincuentes terroristas que iban a cometer atentados contra la APEC. Asimismo resaltaron los supuestos vínculos de la CCB con organizaciones "radicales", hecho que según ellos confirma la militancia subversiva de estas personas y sus planes desestabilizadores.
Lo vergonzoso de la situación es que en ningún momento las autoridades han mostrado una sola prueba que confirme la militancia subversiva de los detenidos y sus inminentes atentados. Participar en una reunión pública de una organización legalmente constituida, como fue la reunión de la CCB en Quito, no implica una vinculación terrorista. Tampoco la participación de agrupaciones que según los criterios del gobierno son "radicales" hace de los asistentes a este evento peligrosos delincuentes. Tampoco la anterior militancia de una persona que ya cumplió cárcel por sus vínculos con el MRTA, lo convierte automáticamente en un terrorista.
No puede volverse una practica común del gobierno Aprista vulnerar los derechos fundamentales de las personas deteniendo a las y los ciudadanos bajo supuestos endebles y fines efectistas. Ya en diciembre del 2006 (cuando fueron detenidos espectacularmente los miembros del colectivo Todas las Voces por un imaginario atentado contra Palacio) quedó demostrada la prepotencia estatal y lo endeble de las investigaciones. Es muy probable que, lo mismo que en la citada oportunidad, se demuestre la inocencia de los detenidos, pero no se repare el daño cometido contra la dignidad de las personas y, peor aún, esta práctica vuelva a repetirse.
Los abajo firmantes exigimos el respeto a los derechos civiles, a la libertad de pensamiento y de organización. Las detenciones sin pruebas incriminatorias no pueden convertirse en hecho cotidiano y nadie puede ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Exigimos el respeto a la libertad de organización política y el cese de estigmatizaciones para quienes optan agruparse en torno al proyecto bolivariano que no es sinónimo de terrorismo.
Demandamos la liberación de los siete ciudadanos detenidos y el cese a las campañas de persecución política en el Perú. Creemos que en el mundo la persecución por ideas ha sido superada y es mas bien el debate y el dialogo lo que debe primar en la lucha política. El Perú debe desterrar para siempre el abuso y prepotencia estatal y constituirse como un país con libertad y con justicia social para todos los peruanos y peruanas.
Firmas
Anahi Durand Guevara DNI 10783805
Manuel Herrera Loayza DNI 07258288
Melisa Salgado Rodriguez
Claudia Maldonado Graus
Irene Lungo Rodriguez
Gonzalo Valderrama Escalante DNI 24007680
Rodrigo Nunez Carvallo DNI 06638874
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